El trámite de juicio político a Pablo Celi se inició en la Comisión de Fiscalización

A 78 días de que fuera detenido el contralor subrogante, Pablo Celi, la Asamblea busca allanar el camino para que el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) pueda designar a una nueva autoridad. Después de que el funcionario se negara a renunciar, ayer, 29 de junio del 2021, en la Legislatura tomó impulso un juicio político para la posible destitución. Celi enfrenta un proceso por supuesta delincuencia organizada.

La Comisión de Fiscalización decidió priorizar el caso del Contralor, tras determinar que precluyeron los plazos para un pedido de interpelación que había arrancado la anterior Legislatura contra el exministro de Energía, René Ortiz, el 12 de mayo, en la víspera de terminar su mandato.

La Comisión recomendó el archivo del proceso contra Ortiz por improcedente, a pesar de que cinco días antes el Pleno había dispuesto a la mesa sustanciar esta causa y, además, nombrar nuevos interpelantes, algo inédito en los pedidos de interpelación.

La decisión se tomó entre reparos de la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero (Creo), al señalar que primero debía tramitarse el caso de Ortiz.

El asambleísta Pedro Velasco, quien forma parte del Bloque del Acuerdo Nacional (BAN), presentó la moción que fue aprobada por unanimidad, y hasta entre aplausos en la sala, conforme a un informe jurídico elaborado por los asesores de los legisladores.

La resolución del expediente de Ortiz era el paso previo que debía cumplirse para tramitar el caso de Celi porque la Ley Legislativa impide a la Comisión procesar más de un juicio político a la vez.

Al cierre de esta edición, la mesa parlamentaria tenía previsto avocar conocimiento del pedido de interpelación contra Celi, a quien el legislador del correísmo Cristóbal Lloret lo acusa de arrogación de funciones, principalmente.

Rosero también señaló que el organismo evalúa salidas jurídicas para designar un encargado de la Contraloría, en las que se contempla requerir a la Corte Constitucional un informe de seguimiento al dictamen constitucional 2019 que blindó las decisiones del transitorio, o incluso declarar el abandono del cargo. Eso, a pesar de un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, que el 28 de mayo pasado señaló que el Cpccs no puede designar un contralor subrogante. Tras la renuncia de Valentina Zárate, el puesto lo ocupa Carlos Riofrío, director nacional de auditoría en salud de la entidad.

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